Con la llegada de un nuevo siglo, llegó a Chile un proceso de importantes cambios en políticas públicas que buscaba adecuar el sistema judicial a los principios del Estado de Derecho. La idea de incorporar al ordenamiento jurídico nacional, los estándares internacionales y el respeto irrestricto de los derechos humanos en materia penal, en la administración de justicia, era uno de los principales objetivos de la denominada Reforma Procesal Penal. Por una parte, aplicar sanciones a los que resulten responsables de delitos como consecuencia del poder punitivo del Estado y satisfacer las pretensiones de la víctima y por otra, guardar las garantías del imputado