La aceptación de cubrir un alto porcentaje de las pérdidas de ingresos fiscales producidas por la baja del precio del petróleo, a través de incrementos substanciales de precios y tarifas del sector público dará un nuevo y grave impulso a la inflación, en tanto se mantienen prácticamente intocados los descomunales gastos fiscales por concepto de "servicio de la deuda". En la carta de intención ofrecida al FMI por el gobierno mexicano se afirma "el total de pagos de intereses se incrementó del 5% del PIB en 1981 a 12.3% en 1985 y, para 1986, se calcula un 18.5%".