Las reformas a la ley agraria derivan de la necesidad objetiva de adecuar el régimen de propiedad de la tierra al desarrollo capitalista actual. La explotación por el gran capital de los bienes comunales de los ejidos y las comunidades agrarias encuentra, con las reformas a los artículos 138, 144, y 145 de la Ley Agraria, una protección jurídica ampliada.