La mayoría de los estudiosos del derecho, pero en menor proporción los penalistas y procesalistas penales, se ocupan muy poco de la vida de "esos sujetos después del dictamen de una sentencia definitiva". La preocupación frecuente es apoyar las legítimas preocupaciones ciudadanas ante la creciente criminalidad, limitándose a asesorar técnicamente al legislador, para que valore la normativa existente en derechos humanos antes de revisar las leyes penales.