Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966 y ratificado por Chile en 1975, establece una serie de compromisos que los Estados deben cumplir en materia de promoción, protección y garantía de los derechos humanos en el ámbito de las libertades individuales, la autodeterminación de los pueblos, el goce de las riquezas y la participación efectiva en la comunidad, entre otros.