Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1984 y ratificada por Chile en 1988; y adoptado por la ONU en y ratificado por Chile en 2008, respectivamente, ambos instrumentos buscan evitar la comisión de actos que inflijan intencionadamente dolores y sufrimientos graves, físicos o mentales, con el fin de obtener información por algún acto que haya cometido.