Suscrita en 1969 y ratificada por Chile en 1990, este tratado internacional se circunscribe al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, y surge en el marco de competencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) a la que Chile pertenece. Establece una serie de derechos que los países comprometen promover, respetar y garantizar, como son los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales; así como una serie de deberes que les caben a las personas en tanto miembros de una comunidad.