El mundo contemporáneo vive momentos de convulsión, incertidumbre y cambios que exigen de los gobiernos capacidades de respuesta más innovadoras y eficaces para encauzar demandas y protestas que se expanden de modo intenso. Diríase que los sistemas políticos han ingresado a una fase de mayor prueba relacionada con su capacidad de maniobra frente hacer frente a situaciones conflictivas. La visión modernizadora de los sistemas de gestión pública está en riesgo al no procesar exigencias con agilidad, visión y eficacia, las demandas que hoy día se difunden en escala universal y que denotan el encadenamiento de hechos y procesos que en algunos casos rebasan al orden establecido. Países como Libia y Siria viven condiciones de riesgo y sacudidas que son abordados con métodos represivos -violencia instrumental- con el fin de que los gobernantes mantengan el control del poder. Es alto el costo en vidas humanas, así como la destrucción de las economías desde el momento en que la regularidad social y política se rompe para tratar frenar de manera violenta las protestas e inconformidades. El espacio público entendido como un sistema de convivencia, intercambio y deliberación se focaliza en la calle; en los medios de comunicación, con las marchas, las protestas, la crítica ciudadana y los debates para dar cuenta de las movilizaciones crecientes que se organizan, exigiendo cambios en las estructuras institucionales del poder, a fin de transformar las condiciones de vida que están distantes de la democracia y los proyectos en favor de la libertad individual y los beneficios colectivos.