A partir de la Constitución de 1991, se implantó un modelo de Estado unitario con autonomía política, administrativa y financiera para sus entidades territoriales buscando desaparecer el excesivo centralismo presente hasta ese momento. Es decir, las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. Del estatus de ente autónomo se deriva la titularidad de determinados derechos: gobernarse por autoridades propias, establecer las competencias que les corresponden, administrar sus recursos y constituir los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así mismo, participar en las rentas naciones. Por lo cual, los poderes generales del Estado no podrán ser ejercidos en su totalidad por la administración central, deberá existir una distribución del poder en la que participen las distintas entidades territoriales autónomas Así mismo, el constituyente dispuso que fuera la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) la encargada de asignar las competencias normativas a las entidades territoriales, implantando de esta forma que el principio de autonomía territorial sea el garante del equilibrio entre las competencias de la Nación y las de los entes territoriales. Por otra parte, el papel que ha jugado la jurisprudencia de la Corte Constitucional sin duda merece reconocimiento, pues si bien en muchas ocasiones se ha actuado en desmedro de la autonomía de los entes territoriales dando primacía al principio unitario, el alto tribunal también ha aportado elementos indispensables para continuar con el proceso de construcción del aparato territorial colombiano. / Abstract. From the Constitution of 1991, introduced a unitary state model with political autonomy, administrative and financial support for its territorial entities looking this over-centralization disappear until then. That is, local authorities are free to manage their interests within the limits of the Constitution and the law. Therefore, the general powers of the State may not be exercised in full by the central government. The status of a autonomous entity derives ownership of certain rights: governed by their own authorities, define the powers corresponding to them, manage their resources and form the taxes to carry out its functions, also, participate in national income. Also, provided that the constituent was the Organic law of ordering territorial (LOOT) in charge of assigning regulatory powers to local authorities, thus implementing the principle of territorial autonomy is the guarantor of the balance between the powers of the Nation and the territorial entities. Moreover, it must be recognized the role that the jurisprudence of the Constitutional Court has played in the definition of the structure of the territorial system, even though in many times its decisions has decline the autonomy of the territorial entities in favor of the principle of unity.